En la Bragado del “orden y respeto institucional”, hay designaciones que se firman con tinta negra… pero se cobran en sobre cerrado. El caso del señor Carlos Aníbal Rosales, designado director de Desarrollo Agropecuario por el decreto Nº 1917, revela una vez más que entre lo que se predica y lo que se practica en la administración Barenghi, hay un océano—no de distancia, sino de conveniencia.
Designado formalmente como funcionario desde el 10 de diciembre de 2023, Rosales no cobró su salario como cualquier director municipal. No. Durante todo el 2024, figura cobrando como proveedor del Estado municipal por más de 7 millones de pesos. ¿Proveedor de qué? ¿De desarrollo? ¿De jubilaciones disfrazadas? ¿De un silencio bien pagado?
La excusa suena técnica: Rosales, jubilado, no puede percibir dos ingresos del Estado. Por eso, se habría optado por una “ingeniería administrativa” que le permitió cobrar igual. ¿Y entonces? ¿Para qué prohíben por un lado lo que después avalan por el otro? ¿Por qué sancionar una incompatibilidad si luego se esquiva con una contabilidad creativa?
La confirmación de esta maniobra no vino desde los pasillos oscuros ni de un papel filtrado, sino directamente de la boca del secretario Emanuel Aramendi. Como si nada. Como si fuera parte de una lógica normalizada donde lo legal se acomoda a lo funcional, y lo ético… queda para los discursos.
Lo grave no es solo el monto. Lo grave es la impunidad. La manera en que el poder se permite alterar la ley cuando el beneficiado es del riñón político. ¿Cuántos “Rosales” más hay cobrando como proveedores en vez de dar la cara como funcionarios? ¿Cuánto cuesta sostener este tipo de pantomimas, mientras se le dice a la ciudadanía que hay que ajustarse?
Si Rosales no puede cobrar un sueldo público por ley, no debe cobrar. Y si lo hace, hay que explicar con qué lógica jurídica se lo justifica. Porque en la república del “todo se puede si se acomoda”, lo único que no se puede… es creerles.
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