Por Moisés Vásquez
Fuente: Diario Democracia (Junín)
Hace un año, la Casa de Abrigo Francisco Legarra cerró sus puertas. La explicación oficial habló de refacciones edilicias. La realidad, doce meses después, muestra algo más grave: el hogar sigue clausurado, las obras nunca se hicieron y cinco niños de Junín esperan vacantes en instituciones provinciales que nunca llegan.
Según publica el diario Democracia, el doctor Juan Ignacio Campenni, secretario de Desarrollo Humano del Municipio, advirtió que el cierre del lugar “carece de toda justificación” y que el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, dependiente del Gobierno bonaerense, no brinda respuestas ni recursos frente a las urgencias del sistema local.
“Durante años se impidió el ingreso del personal de Niñez al hogar, presumiblemente para evitar exponer las condiciones en que se encontraban los chicos alojados”, señaló Campenni.
El funcionario recordó que el cierre se dispuso tras incidentes graves y denuncias penales por mal desempeño de las autoridades provinciales del momento. Desde entonces, las supuestas obras prometidas jamás comenzaron o quedaron inconclusas.
La situación se torna más paradójica al saber que el inmueble pertenece al Municipio, que incluso ofreció recursos humanos, materiales y profesionales para reabrir el hogar. “Las condiciones edilicias hoy permiten su reapertura inmediata”, aseguran desde la Comuna, que no encuentra argumentos técnicos ni legales para justificar la clausura prolongada.
El reclamo no se limita al edificio: apunta a un funcionamiento deficiente del Servicio Zonal, el organismo provincial encargado de coordinar políticas de niñez. Campenni denunció la “falta de respuesta ante situaciones de urgencia” y la “delegación sistemática de funciones” a los equipos locales.
Como ejemplo, mencionó el Programa ‘Identidad y Territorio’, una ayuda económica destinada a referentes que contienen a niños en situación de vulnerabilidad. Según el Municipio, hace más de un mes se enviaron cuatro solicitudes de asistencia para once chicos y ninguna fue respondida. La gravedad radica en que esos fondos no son retroactivos y tienen vigencia limitada, lo que deja a los referentes sin apoyo.
A esta inacción se suma la inoperatividad del dispositivo provincial de traslados para niños, lo que obliga a los municipios a asumir responsabilidades que exceden su competencia. “Los equipos locales están desbordados y cargan con funciones que no les corresponden”, describió el funcionario.
En este caso particular, lo que señala el funcionario, debería evaluarse y pensarse mejor, partiendo del cuestionamiento a la intromisión que suelen ejercer los servicios locales. Hay muchos casos, donde el Estado termina siendo necesario en la destrucción de hogares, fallos turbios , cargados de estereotipos, y donde los padres o personas involucradas, no tuvieron una defensa acorde a la situación, ya sea por falta de información en los procedimientos, miedo, etc. Además de existir una carga notoria de discriminación con los sectores pobres y vulnerables, donde las distintos equipos de los servicios locales, tienen tendencias machistas y elitistas.
De hecho, en los últimos días se ha conocido que la medida inteligente que tiene la provincia ante tantas desprolijidades por parte de los servicios locales, es a través de la defensoría, plantear una limitación a la prensa, mencionando los derechos del niño, pero donde en realidad se esconde una protección al Estado que actúa violentando los derechos individuales.
En Junín, cinco niños con medidas judiciales firmes siguen sin alojamiento adecuado. “Permanecen sin el acompañamiento que el Estado provincial está obligado a brindarles”, remarcó Campenni, quien calificó la situación como “moralmente inadmisible y jurídicamente insostenible”.
El panorama no es exclusivo de Junín. En Bragado, el hogar de niños, atraviesa una realidad similar: falta de recursos, ausencia de apoyo provincial y abandono institucional sostenido. Vecinos y particulares, ante la carencia de asistencia oficial, terminan comprando alimentos, ropa o insumos básicos para los niños, cubriendo con solidaridad lo que debería garantizar el Estado. El cuadro, coinciden fuentes locales, muestra una política de niñez quebrada, donde los hogares se sostienen más por compromiso comunitario que por decisión gubernamental.
El pedido del Municipio es concreto: reapertura inmediata de la Casa de Abrigo Francisco Legarra, asignación urgente de recursos y presencia efectiva de los funcionarios provinciales en el territorio.
“No se trata de una disputa administrativa —concluyó Campenni—. Se trata de niños que esperan, sufren y son víctimas de un sistema que los ha abandonado.”
Mientras tanto, la Casa de Abrigo sigue vacía. Y el silencio de las autoridades, como señaló Democracia, sigue siendo la única respuesta que reciben quienes deberían estar protegidos por el Estado.
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