La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, junto a varios organismos provinciales, presentó un “acuerdo interinstitucional” que busca impedir la difusión de imágenes o datos sensibles de menores involucrados en causas judiciales.
Según se informó, el objetivo sería proteger la identidad y la intimidad de niños, niñas y adolescentes. Pero la letra chica deja abiertas más preguntas que certezas. ¿Qué valor real tiene este acuerdo? ¿Tiene fuerza legal? ¿O se trata de un mecanismo político para condicionar el trabajo de los medios de comunicación bajo la bandera de los derechos del niño?
El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, figura cercana al kirchnerismo, aseguró que “la iniciativa busca fortalecer prácticas comunicacionales responsables y promover la sensibilización de los medios con una perspectiva de derechos”.
Sin embargo, en la práctica, este tipo de convenios suelen funcionar como marcos de presión moral y política, más que como herramientas de protección efectiva.
En la firma del acuerdo participaron funcionarios de alto rango: el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Pablo Lachener; el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lisandro Pellegrini; el presidente del Patronato de Liberados, Aníbal Hnatiuk; y la diputada provincial Lucía Iañez, entre otros.
La presencia de estos funcionarios revela algo más profundo: una mirada política sobre la información judicial, que intenta marcar los límites de lo que se puede o no se puede mostrar.
Porque mientras el Estado busca “cuidar” lo que se publica, los servicios locales siguen actuando con discrecionalidad y sin control, interviniendo en conflictos familiares donde muchas veces pesan más los intereses políticos o personales que la defensa real de los derechos del menor.
En distintos municipios de la provincia se han denunciado irregularidades en hogares convivenciales, abusos institucionales y decisiones arbitrarias que terminan separando familias sin justificación sólida.
Lejos de construir vínculos sanos, el propio Estado muchas veces destruye los lazos familiares, amparado en una burocracia que criminaliza la pobreza y posterga el acompañamiento real.
Por eso, cuando se anuncia un acuerdo de este tipo —con el guiño de sectores políticos interesados en controlar la narrativa— surge la sospecha inevitable de que lo que se busca no es proteger, sino silenciar.
En tiempos donde la transparencia escasea y la prensa independiente molesta, cualquier intento de “regular” la información judicial sobre menores puede convertirse en una herramienta de censura encubierta.
Y lo más preocupante es que detrás del discurso del cuidado, puede esconderse el viejo reflejo del poder: controlar el relato.
Se esta trabajando sobre la posibilidad de una ley sobre falsas denuncias. No es casual que apunten hacia los medios de comunicación, porque en este caso particular fueron claves para demostrar la existencia de las mismas.
Importancia de que se publiquen estas situaciones ante la injusticia del sistema
La difusión mediática de casos de menores víctimas de malas prácticas institucionales, negligencias judiciales u abusos del Estado cumple funciones clave:
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Visibilizar lo invisible: Muchos casos de injusticia quedan fuera de los grandes medios o de los registros oficiales. Que un medio de prensa los saque a la luz permite que la sociedad sepa lo que está pasando, se genere debate y se aplique presión institucional para que las prácticas se reviertan.
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Control democrático: Cuando los actos del Estado —ya sean juzgados, servicios sociales, hogares de niños, justicia penal— quedan a salvo de la exposición, existe un riesgo grande de arbitrariedad, corrupción o negligencia. La transparencia y la publicación de los hechos permiten exigir responsabilidades.
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Derecho a la verdad y reparación: Para las víctimas y sus familias, saber que su caso no se oculta, que se reconoce públicamente lo sufrido, tiene valor en sí mismo. Es un paso hacia la reparación moral y social.
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Prevención: La exposición pública de irregularidades puede servir para alertar sobre patrones que se repiten: falta de recursos, maltrato institucional, deficiencias legales, etcétera. Esa alerta puede generar reformas legales, cambios de procedimiento, capacitación de operadores.
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Equilibrio entre derechos: Sí, proteger la intimidad de menores es fundamental. Pero eso no debe transformarse en tapar la corrupción o encubrir abusos. Hay un punto de tensión legítimo entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información; cuando el sistema falla, se necesita que la prensa pueda informar para garantizar justicia.
Y mientras desde el Estado celebran “acuerdos protectores”, se olvidan de algo obvio: no hacen falta normas para impedir que un menor sufra abuso, hambre, trato indigno; lo que falta es voluntad, transparencia y castigo para los responsables en el caso de que sea comprobado.
¿ Tan incapaces son de probar la culpabilidad ? Cada vez mas gente en los organismos, cada vez mas organismos.
Qué curioso: parece que proteger la intimidad implica, para algunos, silenciar al mensajero; callar al medio, esconder la verdad, esconder los casos. Como si la cobija de la “buena intención” pudiera tapar el frío que siente quien sufre. De la misma manera cuando arman causas de mentiras. Si señores, no somos todos giles!
Al final, si el acuerdo sirve para que no se vea lo que da vergüenza, no es protección: es censura con disfraz. Y si eso es “perspectiva de derechos”, mejor que revisen sus espejos antes de firmar más papeles.
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