La transparencia, una virtud que se predica más de lo que se practica
En la sesión del Concejo Deliberante del jueves pasado, el oficialismo volvió a dar una lección práctica de cómo mantener la opacidad como método de gobierno. Por mayoría, los concejales que responden al intendente Sergio Barenghi votaron en contra de permitir el acceso a la documentación observada por el Tribunal de Cuentas, posterior al ya célebre escándalo de los “super proveedores”.
El documento —ese que algunos conocen pero nadie explica cómo llegó a sus manos— fue utilizado por sectores del PRO y de La Libertad Avanza durante la campaña electoral. Se sospecha que la filtración provino de adentro mismo de la gestión municipal, en un intento de dañar al propio oficialismo, o, según otra versión digna de un policial menor, que el sobre con la información apareció misteriosamente en los domicilios de algunos dirigentes opositores. Ni los mejores guionistas de Kafka habrían imaginado una burocracia tan surrealista.
Con la negativa del bloque peronista no sólo se bloqueó el acceso al informe, sino también a la respuesta que el Ejecutivo envió al Tribunal de Cuentas. En un principio, el proyecto impulsado por Nicolás Araujo se limitaba a solicitar esa contestación, pero la intervención de Lilian Labaqui encendió el debate. Fiel a su estilo, Labaqui denunció la convivencia tácita entre el oficialismo y La Libertad Avanza, y recordó que buena parte de la oposición nunca tuvo acceso al documento.
En la misma línea, Marita Gelitti remarcó la irregularidad de que un grupo de concejales, liderado por Daniela Monzón, presentara un proyecto basado en información reservada a la que el resto del cuerpo deliberativo no había podido acceder. Pero Monzón eligió la soberbia antes que la prudencia: se jactó públicamente de tener el documento, como si el privilegio de acceder a la verdad fuera un trofeo y no una responsabilidad.
La información pública no es propiedad privada. Lo recuerda la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública, que consagra el derecho de todos los ciudadanos a conocer los actos, documentos y gastos de quienes gobiernan. El artículo 1 es claro: “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado.” Quizás valga la pena que algún concejal la lea antes de levantar la mano en sentido contrario.
La negativa del oficialismo deja a los bragadenses nuevamente a oscuras. El derecho a saber —como dijo Norberto Bobbio— es “la primera condición de la democracia real”, no un lujo burocrático. Si el gobierno municipal tiene la conciencia tranquila, ¿por qué esconder lo que el Tribunal de Cuentas objetó? ¿Por qué negar el acceso a lo que debería ser público por naturaleza?
Tal vez porque cuando la verdad incomoda, se la barre debajo de la alfombra. Y como suele pasar, esa alfombra ya está tan abultada que amenaza con hacer tropezar a todos los que todavía creen que la transparencia es una palabra, y no una obligación.
Acerca del autor
