

En democracia, el silencio de un Gobierno no es neutral. La ausencia de respuestas, el ocultamiento de información o la demora injustificada en dar explicaciones son también actos de Gobierno. Actos que hablan, y mucho, sobre las prioridades y la forma de ejercer el poder.
Desde el inicio de la nueva gestión municipal, hemos sido testigos de una preocupante tendencia: la de esquivar la rendición de cuentas y retacear información a los vecinos y a sus representantes.
No hubo transparencia cuando se otorgaron excepciones a políticos para que no paguen el estacionamiento medido, mientras todos los ciudadanos debíamos cumplir y pagar como corresponde. La igualdad ante las normas es un principio democrático básico, y este fue solo un anticipo de lo que vendría.
Tampoco se dio información a tiempo ni completa sobre la contratación de cooperativas laborales. Teníamos un acuerdo en el Concejo Deliberante para monitorear las funciones y los costos que implican, pero ese acuerdo fue incumplido por la gestión.
En el caso de la denuncia pública realizada por la ex secretaria de Desarrollo Social, el Gobierno Municipal aún no ha dado una versión oficial. El silencio aquí es institucionalmente grave y deja en evidencia la contradicción de quienes levantan determinadas banderas según la conveniencia del momento.
Lo mismo ocurre con el bloqueo a brindar información sobre la situación de los superproveedores: el Ejecutivo y sus concejales oficialistas se pusieron de acuerdo para cerrar toda posibilidad de brindar explicaciones. ¿Qué esconden? ¿El silencio implicará borrón y cuenta nueva o que sigue la fiesta de unos pocos? ¿Para eso quieren meter más funcionarios en el Concejo Deliberante?
Con los temas educativos la línea es la misma: subejecutan y se ahorran el Fondo Educativo, mientras las escuelas esperan sus obras; renuncia el Presidente del Consejo Escolar; se expusieron expresiones de falta de diálogo entre el Gobierno y los Consejeros, ¿no son acaso suficientes asuntos como para fijar una postura pública?
Lo último fue que nos pospusieron la visita de Concejales de la Comisión de Calidad de Vida al basural y a la planta de reciclado, solicitada para conocer la situación y responder a una demanda de vecinos. La insólita respuesta en este caso fue que necesitan hacerlo después de que terminen su campaña electoral. La política de residuos no puede suspenderse por el calendario político, ya que hay cuestiones ambientales y de salud muy serias a resolver.
El Gobierno Municipal debe entender que la información pública no es propiedad ni del Intendente ni de sus funcionarios, sino que pertenece a toda la comunidad. Callar, ocultar o postergar es una falta de respeto al vecino y un debilitamiento de las instituciones del sistema democrático. El silencio, cuando se trata de la cosa pública, no es prudencia: es opacidad e impide encontrar soluciones a los asuntos que son de todos.
