Silencio oficial y promesas vacías: el secretario
La última gran lluvia que azotó a Bragado dejó calles convertidas en ríos, hogares inundados y familias con pérdidas materiales irreparables. Desde la provincia de Buenos Aires, según confirmaron fuentes oficiales, llegaron materiales y asistencias destinadas a los damnificados. Sin embargo, en el terreno, esas ayudas parecen haberse evaporado en algún punto entre la promesa y la entrega.
El secretario de Desarrollo Social, Emanuel Aramendi, es hoy el blanco de las críticas. Vecinos denuncian que ni responde mensajes, ni atiende llamados, ni se hace presente cuando lo esperan en su lugar de trabajo. La situación escaló cuando una vecina, Antonella Boaron, publicó en sus redes sociales las capturas de sus intentos de comunicación con el funcionario: consultas concretas sobre el destino de las ayudas que nunca recibieron respuesta.
Las imágenes compartidas muestran mensajes enviados con fechas y horas, sin siquiera un “visto” de parte del secretario. El reclamo no es menor: se trata de recursos enviados para familias que lo perdieron todo en la última tormenta, y que siguen esperando algún gesto oficial más allá del silencio administrativo.
El caso vuelve a poner bajo la lupa no solo a Desarrollo Social, sino también a la Secretaría de Obras Públicas y otras áreas municipales involucradas en la gestión de la emergencia. Mientras tanto, el contraste genera indignación: en paralelo, la gestión municipal despliega campañas con nombres amigables como “La Muni en tu barrio” o “Somos comunidad”, donde funcionarios recorren —al menos en las fotos— distintos sectores de la ciudad, prometiendo asistencia y cercanía.
El acting institucional choca de frente con la realidad de vecinos que, en carne propia, viven la ausencia de respuestas. En un municipio que se jacta de “estar cerca”, la pregunta queda flotando: ¿cerca de quién?
Desde el punto de vista legal, la falta de respuesta del secretario de Desarrollo Social podría configurar un incumplimiento de los deberes de funcionario público, tal como lo establece el artículo 248 del Código Penal argentino, que sanciona a quienes ilegalmente omiten o retardan actos propios de su función. Si se confirmara que los materiales enviados por la provincia no fueron entregados a sus destinatarios y que no existe justificación documentada de su uso, se estaría frente a una posible responsabilidad administrativa y penal. Además, el principio de transparencia en la gestión pública —consagrado en la Constitución Nacional y en leyes de acceso a la información— obliga a los funcionarios a dar explicaciones y rendir cuentas a la ciudadanía. La omisión no solo erosiona la confianza pública, sino que podría abrir la puerta a investigaciones formales.
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ACCIONAR, PROVEER A CONSIDERACIÓN SERÁ JUSTICIA, HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y EL ART 248 DEL CPN