El abogado Emiliano Grylka, referente en accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad desde hace más de dos décadas, principal responsable de ACCEDER —una asociación civil central del discapacitado— y también titular de una empresa srl dedicada exclusivamente al traslado de chicos con discapacidades motrices, lanza una pregunta que incomoda y deja expuesta la contradicción:
“¿Cómo se puede votar una ley de emergencia en discapacidad reconociendo que el sistema está en crisis, mientras hacen marketing con bicicletas y audífonos en los medios de comunicación durante años?”. “Hace 20 años que trabajo con personas que tienen diferentes discapacidades, y los he defendido infinidad de veces, se lo que hablo, y es vergonzoso que hagan marketing con este tema” sentenció el abogado
La pregunta va dirigida a Monzón, dirigente local que el año pasado elogiaba a la agencia de discapacidad nacional por sus gestiones, y que días atrás posaba en un video junto a una persona no vidente, afirmando que “los políticos no somos todos iguales”. Monzón se ufana de haber gestionado dos bicicletas adaptadas para deportistas de alto rendimiento, una silla de ruedas, un implante coclear y dos audífonos. Y destacó hace un tiempo un supuesto proyecto que —decía— que iba a buscar garantizar que todas las personas con discapacidad accedan a un trabajo el año próximo.
Grylka recuerda esas palabras y, tras un silencio breve, dispara:
“Está perfecto que alguien gestione una bicicleta adaptada; pero las personas tienen derechos, no tienen que depender de la buena voluntad de un funcionario que se levanta generoso un día. Ni tampoco que un ciudadano común quiera ayudar. La discapacidad no puede ser un tema de beneficencia ni de marketing”.
El trasfondo, sin embargo, es mucho más grave: el presidente Javier Milei, impulsor del ajuste fiscal como bandera de gobierno, vetó la ley que declara la emergencia en discapacidad. El gobierno reconoce de hecho que el sistema atraviesa un momento crítico. La norma propone regularizar pagos atrasados a prestadores, actualizar aranceles mensualmente, reformar las pensiones no contributivas, fortalecer a la ANDIS con auditorías y una mejor base de datos, e incluso reafirma el cupo laboral del 4% en el sector público.
“La crisis la pagan también los discapacitados”, denuncia Grylka. “Porque desde la matriz política de La Libertad Avanza se dice que no pueden dejar de recortar y ajustar números, pero al mismo tiempo venden la idea de que la ayuda llega gracias a gestiones individuales, a pura caridad. Eso es voluntarismo, y esa premisa no respeta el derecho en su expresión real”.
El abogado subraya que, detrás de la propaganda, lo que se esconde es la renuncia del Estado a organizar una política pública estructural, sostenida y con financiamiento. “Hacer política social no es solo emocionar con un video. Las personas con discapacidad no pueden quedar sujetas a la buena voluntad de Monzón o de cualquier otro. El derecho tiene que ser garantizado por el Estado, no supeditado a la caridad”.
En esa misma línea, Grylka plantea una pregunta directa a Monzón, que bien podría servir de título:
“¿Cómo explican que reconocen una crisis tan grave que amerita declarar la emergencia, pero a la vez prometen recortar y al mismo tiempo hacen marketing con lo poquito que logran entregar? Que digan la verdad, hacen lo que les dice el fondo internacional, que diseñó todo para garantizar prestamos y deuda, mientras nos diseña el presupuesto. Además, no respetan el voto de la gente, porque los argentinos no eligieron solamente presidente, también eligieron representantes en el poder legislativo. ¿Qué persona coherente va a tener desacuerdo en que se usen nuestros impuestos para los discapacitados? Si por esa misma razón Monzón hace publicidad con eso, porque sabe que las personas están de acuerdo con que los discapacitados sean asistidos.
Mientras tanto, en los discursos oficiales se promete que “nadie quedará afuera”. Pero en la práctica, la emergencia la pagan los de siempre: los prestadores que no cobran, los centros de día que apenas sobreviven, y las personas con discapacidad, que dependen —otra vez— de un favor. Un favor que, según nos quieren hacer creer, convierte la vulneración de un derecho en una oportunidad de campaña.
En el final, Grylka resume con crudeza:
“Las personas con discapacidad no necesitan gestos, necesitan que el Estado cumpla la ley. Lo demás es puro spot de campaña”.
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