El anuncio de la creación de un vivero municipal se convirtió, durante los últimos años, en una de las banderas más reiteradas del área de Producción del Municipio. Una iniciativa presentada con entusiasmo en actos, reuniones y comunicados oficiales, que incluso justificó hablar sobre la asignación de partidas millonarias año tras año. Sin embargo, la realidad demuestra que todo quedó, hasta ahora, en palabras: recién ahora comienzan —tarde, improvisadamente— las tareas iniciales para ponerlo en marcha.
Lo reconoció el propio director de Producción, Carlos Rosales, al explicar que aún “no está institucionalizado” y que por el momento “se están realizando trabajos preliminares para luego definir una forma jurídica que le dé respaldo formal”. Más sorprendente aún resulta que, según admitió, parte de la tarea vinculada al arbolado urbano la realiza en su domicilio particular Carolina Ramos, una situación que habla por sí misma de la falta de previsión y planificación.
El contraste entre los anuncios rimbombantes y la precariedad de la ejecución no solo es evidente: resulta indignante. Desde hace dos años, nos dijo el propio Aramendi, Rosales supervisa el vivero. Ahora hablan de la puesta en marcha y mantenimiento del vivero municipal, con montos millonarios que salen del bolsillo de los contribuyentes. A pesar de ello, no existe hasta el momento una estructura real, ni marco normativo, ni un lugar de funcionamiento claramente establecido.
Esta situación pone en cuestión la transparencia de la gestión de Rosales, pero también compromete directamente la responsabilidad del propio secretario del área, Emanuel Aramendi, cuya tarea parecía limitarse a comunicar avances que nunca existieron. La gravedad del caso no reside solamente en la demora, sino en la ausencia total de explicaciones convincentes sobre qué se hizo —o no se hizo— con los recursos ya asignados y cobrados.
El arbolado urbano, que debería ser un patrimonio colectivo y una política pública sostenida, se encuentra hoy sujeto a la buena voluntad de iniciativas aisladas y sin institucionalidad. Resulta alarmante que, tras tanto tiempo, las autoridades reconozcan con naturalidad que “recién empiezan”, como si nada hubiera pasado.
Desde el Concejo Deliberante, la oposición tiene la obligación institucional y moral de exigir claridad y rendición de cuentas: no solo por la irregularidad administrativa que representa anunciar un proyecto durante años y no concretarlo, sino también por respeto a la comunidad que financia esas políticas con sus impuestos.
A esta altura, la falta de resultados ya no puede justificarse ni con diagnósticos ni con excusas técnicas.
Lo que queda en evidencia es el grado de improvisación, negligencia y desinterés de quienes estaban llamados a hacer del vivero municipal una realidad. Una muestra más de cómo, detrás de los discursos, se esconde una gestión que termina quedándose en promesas vacías, con un costo que pagan, siempre, los mismos: los vecinos de Bragado.
Esta vez ni repartieron semillas, ni plantines de invierno, es todo un gran cumulo de palabreríos interminables, con amagues mediáticos.
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