

“La transparencia es para quienes ejercen funciones públicas y ejercen el poder público. La privacidad es para todos los demás” Glenn Greenwald
En Bragado, todavía estamos esperando un gobierno municipal que entienda que la transparencia no es una opción, sino una obligación. Que la modernización de los procesos no es un lujo, sino una necesidad urgente para garantizar el acceso a la información pública y el control ciudadano.
Hoy, quienes intentamos ejercer un rol crítico y constructivo nos encontramos con un muro de opacidad. Datos que no se publican. Expedientes que no se digitalizan.
Procesos administrativos que se mantienen en la oscuridad, como si la tecnología no existiera o como si el vecino no tuviera derecho a saber.
Un ejemplo claro: se rechazó el pedido de informes presentado por los concejales de la oposición para conocer la situación de otros proveedores, además del caso que involucra a Urrijola. Un gobierno que no quiere dar explicaciones, que se niega a abrir sus cuentas, ¿qué tiene para ocultar?
No se trata de una cuestión técnica: la tecnología está disponible, accesible y al alcance de cualquier municipio que quiera ponerla en funcionamiento. Lo que falta no es software. Falta decisión política. Falta voluntad de abrir, de rendir cuentas, de dejar de mirar para otro lado.
La responsabilidad no es difusa. Tiene nombre y apellido: el Secretario de Gobierno y el Intendente. Son ellos quienes tienen la facultad —y el deber— de garantizar que cada acto de gobierno pueda ser consultado por quien lo financia: el ciudadano. Cada obstáculo a la información, cada expediente que no se publica, es una forma de decirle a la gente que no merece saber cómo se gasta su dinero, ni en qué, ni por qué.
Bragado pide otra cosa. Pide una gestión que abrace la tecnología para acercarse a sus vecinos, no para esconderse detrás de excusas. Pide procesos abiertos, simples, auditables. Porque no hay calidad democrática posible sin información pública, ni ciudadanía plena sin participación.
Transparencia y modernización no son consignas vacías. Son herramientas concretas para construir un Estado local más justo, más eficiente y más cercano. Y si el gobierno municipal no lo entiende, será la ciudadanía quien se lo recuerde. Con firmeza. Con voz. Y con votos.
