La interpelación al intendente Sergio Barenghi por el escándalo de los “súper proveedores” no solo puso sobre la mesa las dudas sobre el uso de recursos públicos, sino que también dejó expuestas las tensiones internas del oficialismo y los límites —cada vez más visibles— de ciertos discursos que buscan disfrazar la omisión con argumentación vacía. Una de las voces que más ruido generó en el recinto fue la de la concejal Marita Gelitti, quien, desde su rol dentro del espacio de gobierno, rechazó el proyecto de interpelación con fundamentos que, más que jurídicos, fueron personales. Esto en un medio televisivo de la ciudad.
Gelitti argumentó que “hay instancias previas que no se agotaron” y que no era el momento de avanzar con la medida. Lo llamativo es que no se refirió a hechos objetivos ni a artículos concretos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, sino a una percepción subjetiva del proceso. En otras palabras, no fundamentó su negativa en una normativa, sino en una apreciación propia sobre lo que “debería” ocurrir antes. Como si los concejales debieran esperar el permiso político de algún actor superior para ejercer su función de control. Lo cierto es que la interpelación está perfectamente contemplada por la ley, y más aún si hay una denuncia pública que involucra posibles vínculos entre funcionarios y contratistas con recursos del Estado. El propio Jose Luis Quarleri afirmó en un medio local que uno de los proveedores es su amigo personal, certificado por varios testigos, porque juegan hasta al fútbol juntos. Si el secretario confiesa que el multifacético arregla tuti de Bragado es su amigo, ¿ Que instancia previa necesita señora concejal?
La concejal bien podría haber afirmado que todas las instancias institucionales se habían agotado y que aún así no se obtenían respuestas. Pero no lo hizo. Optó por una postura que, lejos de reforzar la institucionalidad, la debilita. Porque interpelar a un intendente no es un acto de agresión, ni una jugada política extrema: es un instrumento legítimo del Concejo Deliberante para obtener respuestas. Más aún cuando el Ejecutivo mantiene el silencio y el secretario de Gobierno, directamente señalado en el caso, tampoco da explicaciones, o sea, salió al ataque de sus pares, eso si está en la instancia previa.
Ahora bien, no se puede perder de vista el entramado político. Gelitti tiene personas de su confianza ocupando cargos administrativos dentro del Concejo. Su proximidad al oficialismo excede la función legislativa y se vuelve también un compromiso de convivencia interna. Y en ese equilibrio, el silencio puede más que la palabra. Cuidar esa “buena relación” institucional parece haber pesado más que la responsabilidad política con los vecinos que esperan saber por qué un proveedor sin empleados registrados facturó casi 100 millones en un año.
En ese mismo juego, la concejal Daniela Monzón mantiene su ambigüedad. Finge distanciamiento del peronismo, pero actúa con cautela para no romper los vínculos que lo conectan con el oficialismo. Juega al equilibrista: marca diferencias formales, pero evita incomodar al poder real. Mientras tanto, las explicaciones no llegan, y los expedientes duermen en los escritorios de quienes deberían estar dando respuestas. Es decir; Monzón simula que ataca, y Gelitti da la negativa, ambas son funcionales en cada intervención. Una aprueba las tasas, y la otra no, una aprueba el presupuesto, la otra no. Una pide que se anule la sesión, la otra pide que se sostenga la sesión. La buena y la mala, dependiendo la situación. El ganador siempre es Barenghi, y el perdedor siempre el mismo; el pueblo. Todo dentro de un contexto donde el tribunal de cuentas está investigando fuertemente varias cosas, espantados por el desastre.
La política local no necesita más silencios cómplices ni justificaciones voluntaristas. Necesita coraje para preguntar, exigir y asumir costos. Porque si interpelar al intendente por el uso de fondos públicos no es válido, ¿qué queda entonces del rol del Concejo como órgano de control? El poder sin control no es democracia: es un proyecto personal con escudo partidario.
