
En Junín el peronismo le dijo que no a la locura del ejecutivo, de atribuirle facultades al juez de faltas para que dicte allanamientos. Petreca se jacta en redes sociales, pero parece más » para la tribuna» que una practica real. Dialogamos con el concejal Pablo G. Petraglia, quién explicó detalladamente la situación. La norma fue instituida en 9 de Julio y Junín, los dos municipios que tiene conducción del PRO.
La ordenanza llegó al Concejo , a principios del año 2025. Desde el título hasta las firmas al pie, se prometía un «reordenamiento del tránsito». Pero como suele pasar con lo que viene del Ejecutivo, el maquillaje de fondo ocultaba otra cosa: una idea peligrosa, una de esas que empiezan con «por tu bien» y terminan con una patada en la puerta.
Hablé con un concejal que prefirió no adornar las palabras. Lo hizo con la lucidez y la claridad de quien se ha sentado demasiadas veces en una comisión a discutir el sentido de la legalidad con quienes piensan que gobernar es patear la Constitución para adelante.
“El año pasado el intendente no le encontró la vuelta al caos del tránsito. Envió cuatro proyectos al Concejo: uno para conveniar las foto-multas, otro para regular monopatines y vehículos eléctricos, uno más para actualizar las penas de las ordenanzas dispersas, y otro copiando la ley provincial de compactación de autos. Todo eso llegó junto, como quien barre el desorden y lo mete debajo de la alfombra legislativa.”
Pero el problema no estaba en lo evidente. El punto más inquietante fue otro.
“Entre todos los artículos hubo uno que nos llamó poderosamente la atención: se le otorgaba al juez de faltas la facultad de ordenar allanamientos a domicilios. Lo disfrazaron con una fundamentación larguísima, apelando a la salubridad. Decían que era para proteger la salud pública, y en ese marco metían, por ejemplo, el combate a los escapes libres. Como producen ruido, eso afecta la salud. Entonces, por salubridad, se podía allanar.”
La lógica, llevada al absurdo…
“En el artículo 24 de la Constitución Provincial se habla de salubridad, sí. Pero está pensado para lo bromatológico. Para la carne podrida en una heladera desenchufada, para la leche cortada, no para el ruido de una moto. Extender la potestad punitiva del Estado a cuestiones así nos pareció muy peligroso.”
Hubo discusiones, reuniones, advertencias. “Incluso en la misma ordenanza armaron un procedimiento que muestra que sabían que estaban caminando al borde de la inconstitucionalidad. Nosotros les recordamos que cuando se necesitó allanar de verdad, los jueces respondieron en menos de 24 horas. No hacía falta este atajo legal.”
El concejal fue claro: “Nos opusimos a esos artículos. No porque estemos a favor de las motos con escape libre, sino porque es un avance del Estado sobre los derechos individuales. Si esto se permite, cualquier cosa puede ser salubridad.”
La mirada punitiva :
“La mirada para el mal es infinita. Si decimos que las hojas de un plátano tapan un desagüe, entonces es salubridad, entonces allanamos. Con ese criterio, cualquier cosa que moleste puede ser excusa para intervenir. Pero eso no es el sentido de la Constitución, ni de la salud pública. Tiene una mirada punitivista, peligrosa.” “La sociedad cree que esto no le va a pasar, hasta que le pasa. Y cuando te pasa, ya es tarde. Por eso hay que preservar los valores que están en la Constitución: la libertad, el honor, el patrimonio. No se puede permitir que quien está de turno estire las normas según su antojo.”
Después llegó la reflexión que bien podría haber cerrado el proyecto con una firma tachada:
“Esto es parte de la patria wasapera. Esos grupos donde algún legislador viraliza una ordenanza que le llegó de otro distrito, la corta, la pega y la presenta. Después, cuando hay que aplicarla, se dan cuenta de que es impracticable. Córdoba no es Buenos Aires, ni en Policía, ni en Constitución. Alberdi ya lo decía: no hay nada más peligroso que una nueva norma mal hecha.”
Mientras los autos siguen chocando en calles detonadas, los funcionarios se consuelan con estadísticas “a ojo de buen cubero” y multas cada vez más caras. “Dicen que no es para recaudar —cerró el concejal—, pero lo primero que hicieron fue ajustar los montos.”
Me quedé con una frase rebotando en la cabeza: la mirada para el mal es infinita. Lo verdaderamente preocupante es cuando esa mirada se convierte en política pública.