En la esquina de Av. Rivadavia y Dr. Benito de Miguel, justo frente a la sede de la Municipalidad de Junín, se levanta una imagen que parece menor, casi invisible a los ojos entrenados en la resignación urbana. Un cordón pintado de amarillo, una señal de “Prohibido Estacionar” y, sin embargo, día tras día, las motos de los inspectores de tránsito se amontonan allí como si la norma no aplicara para quienes deberían custodiarla.
Pero esa escena no es un detalle. Es un símbolo. Una muestra tangible del desorden, la doble vara y la pérdida de autoridad moral que atraviesa la gestión del intendente Pablo Petreca.
Mientras los vecinos reciben sanciones por mínimos deslices —un chaleco fuera de lugar, una patente sucia o el olvido de una luz encendida—, los agentes municipales violan las normas a la vista de todos, sin sanción ni autocrítica. No se trata de una infracción aislada, sino de una constante que evidencia la distancia entre el discurso oficial y la práctica cotidiana.
Las denuncias de vecinos por malos tratos en controles de tránsito refuerzan esta preocupación. Soberbia, insultos, gestos autoritarios: una actitud que no se corresponde con el rol que un agente público debe desempeñar. Las redes sociales se han hecho eco de estas situaciones con videos que, una y otra vez, muestran a ciudadanos humillados o ninguneados por quienes deberían estar para asistir y ordenar, no para hostigar.
Frente a esto, el Frente Liberal Bonaerense de Junín lanzó una declaración contundente: “No culpamos a los inspectores de tránsito. La responsabilidad es política.” El comunicado, que circuló en medios y redes, señala directamente al intendente y su gabinete como responsables de tolerar y naturalizar los abusos de poder, la arbitrariedad y la incoherencia institucional.
“¿Cómo se puede exigir respeto por la norma cuando desde la propia municipalidad se la infringe?”, se preguntan con lógica simple pero demoledora. La contradicción es el eje del problema: un gobierno que exige obediencia pero predica el desorden; que reclama respeto por la ley pero la ignora en su propio patio.
Lo que está en juego no es una multa, ni un operativo mal gestionado. Es el contrato social. Es la credibilidad de una gestión que debería dar el ejemplo, formar con responsabilidad a sus agentes y restaurar la confianza ciudadana con hechos, no con discursos vacíos.
Desde el Frente Liberal Bonaerense exigen otra manera de gobernar: una que no imponga el orden con soberbia, sino que lo construya con coherencia, respeto y responsabilidad institucional. “No se puede construir ciudadanía sobre la arbitrariedad”, sentencian. Y esa frase, como el cordón pintado de amarillo, debería quedar grabada frente a cada despacho municipal.
