En la Argentina de hoy, donde la eficiencia estatal es tan escasa como el wifi en el desierto, Bragado ha logrado un hito digno de estudio: un proveedor municipal que, sin empleados registrados, ejecuta 183 órdenes de compra por más de 87 millones de pesos en solo diez meses. Camilo Urrijola, el nuevo «hombre orquesta» de la gestión pública, se ha convertido en el símbolo de una administración que desafía las leyes de la lógica y la transparencia.
El concejal del PRO, Nicolás Araujo, expuso esta situación durante la rendición de cuentas, revelando que Urrijola no solo transporta pasajeros, sino que también repara vehículos, realiza trabajos de albañilería, gas, electricidad, plomería, techado, pintura, destapa caños, repara puertas, levanta mástiles y refacciona esculturas públicas. Todo esto, sin figurar como empleador en ARCA, lo que implica que realiza estas tareas sin empleados ni subcontratados. Este caso no es una anomalía aislada. En Tandil, por ejemplo, se denunció que un funcionario municipal contrató a su propia empresa para realizar obras en el municipio, violando la Ley de Empleo Público bonaerense que prohíbe a los funcionarios ser proveedores del Estado . En Olavarría, un concejal fue señalado por figurar como proveedor del municipio en una sociedad que facturó más de un millón de pesos en un año . Y en Campana, se denunció que proveedores municipales eran sponsors del intendente en el Turismo Carretera, generando sospechas de malversación de fondos públicos. Estos casos reflejan una tendencia preocupante: la utilización del aparato estatal para beneficiar a amigos, familiares o incluso a uno mismo, en detrimento de la transparencia y la eficiencia. Esto no solo es éticamente cuestionable, sino que también demuestra las falencias de un Estado sobredimensionado que se presta a la corrupción y al clientelismo.Si la única forma de prosperar es ser “amigo de”, entonces no hay incentivo para producir, innovar o competir en igualdad. Solo queda arrimarse al poder como quien busca sombra en el desierto.
El intendente Sergio Barenghi tiene ahora la oportunidad de demostrar que está a la altura de su cargo. No basta con el silencio o las explicaciones vagas. Se requiere una auditoría exhaustiva, la suspensión preventiva de los contratos cuestionados y una rendición de cuentas clara ante la ciudadanía. La decencia y la transparencia no son opcionales; son imperativos para una gestión que aspire a ser legítima y eficiente. En un país donde la confianza en las instituciones está erosionada, es fundamental que los funcionarios públicos actúen con integridad y responsabilidad. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de cómo la alquimia municipal convierte la decencia en todismo mágico, y la transparencia en una ilusión. Es hora de que el intendente Barenghi y su administración tomen medidas concretas para restaurar la confianza pública y garantizar que el Estado sirva a los ciudadanos, y no a intereses particulares.
¿Qué puede —y debe— hacer un intendente ante este escándalo? La respuesta es tan evidente como incómoda: cortar el hilo por lo más grueso. Es decir, suspender de inmediato los vínculos con el proveedor investigado, iniciar una auditoría externa que no dependa del control político, y abrir los procesos de contratación a la ciudadanía. Que se sepa quién gana, por cuánto, y por qué. Si Urrijola es un prodigio de la logística, que lo demuestre en igualdad de condiciones, no por la vía de los atajos.
Otra decisión clave sería apartar de forma preventiva a cualquier funcionario con vínculos directos con el proveedor, mientras se aclara la situación. Si Barenghi no toma estas decisiones, el mensaje es claro: no está dispuesto a incomodar a los suyos ni a pisar callos en nombre de la transparencia. Y ahí no solo pierde él. Pierde la política como herramienta de transformación, y gana —una vez más— la resignación ciudadana. Porque cuando el poder no da el ejemplo, deja el camino libre para que todo siga igual… o peor.
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