En un recinto dividido y con el conteo de votos ajustado, la concejal de la Unión Cívica Radical, Lilián Labaqui, anticipó su decisión de votar en contra de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024, argumentando la falta de transparencia del Departamento Ejecutivo y la ausencia de respuestas concretas ante una de las contrataciones más sensibles del año.
El punto de mayor controversia gira en torno al cambio de broker para asegurar los bienes materiales y los recursos humanos del municipio. La empresa LEVELAR S.A., actualmente contratada por el Ejecutivo, está vinculada —de manera indirecta— a la «Causa de los Seguros», una investigación judicial que involucra al entorno íntimo del expresidente Alberto Fernández por presuntas maniobras de intermediación en contratos públicos. La justicia federal investiga el cobro de comisiones indebidas a través de estas triangulaciones.
Labaqui no se quedó en el señalamiento: formuló preguntas específicas al Ejecutivo local sobre el proceso y las razones del cambio de proveedor. No obtuvo respuestas. Para ella, ese silencio es tan grave como las sospechas que rodean a la empresa involucrada. Su voto negativo, entonces, no es solo una cuestión contable, sino un gesto político en defensa de la institucionalidad y la rendición real de cuentas.
En tiempos donde los discursos sobre ética pública abundan, pero los hechos escasean, la actitud de Labaqui —que podría haber optado por la abstención o el silencio— la posiciona como una voz incómoda pero necesaria dentro del cuerpo deliberativo. Su negativa, aunque minoritaria, no es testimonial: interpela, incomoda y pone en evidencia que hay temas que no pueden ser tratados como una mera formalidad administrativa.
“Hay cosas que deben explicarse. Y si no se explican, no se aprueban”, habría sintetizado Labaqui en los pasillos del Concejo. Hoy, más que nunca, su voto es también un mensaje: en política, la transparencia no se negocia.
