El pasado martes, representantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) presentaron ante las comisiones de Presupuesto e Impuestos y de Asuntos Agrarios de ambas cámaras legislativas el informe titulado
«El Peso de las Tasas Municipales en Buenos Aires». Este documento detalla la situación actual de las tasas municipales, con especial énfasis en la tasa vial (destinada al mantenimiento de caminos rurales) y la guía de traslado de hacienda.
Durante la reunión, la diputada Silvina Vaccarezza, vicepresidenta de la comisión de Presupuesto e Impuestos, destacó la complejidad del estado y mantenimiento de los caminos rurales en la provincia, que suman aproximadamente 120.000 kilómetros.
Subrayó la importancia de garantizar la transitabilidad no solo para la producción agropecuaria, sino también para la vida diaria de miles de vecinos que residen en campos, pueblos y parajes del
interior bonaerense.
El informe de CARBAP revela que, en los últimos años, los municipios bonaerenses han incrementado significativamente la presión fiscal sobre el sector agropecuario, especialmente a través de la tasa vial y la tasa de guías. Estas tasas se han convertido en herramientas recaudatorias abusivas, con valores fijados de manera arbitraria y sin justificación técnica. Además, han surgido nuevas tasas municipales que no guardan relación con la prestación de servicios concretos, incrementando la carga impositiva sobre los productores rurales y las actividades económicas en general.En el caso de la tasa vial, CARBAP señala que su cobro debería estar vinculado a un plan de obras específico, con costos claramente definidos. Sin embargo, en la práctica, los municipios fijan valores de manera arbitraria, sin justificación técnica ni planificación, con diferencias de hasta ocho veces entre distintas jurisdicciones. A pesar de la fuerte recaudación, más del 60% de los caminos presentan un estado de regular a malo, lo que afecta la competitividad del agro y el desarrollo de las economías regionales.
En cuanto a la guía de traslado de hacienda, el informe destaca que su costo ha aumentado considerablemente, sin que ello se refleje en mejoras en los controles sanitarios o en la seguridad del transporte agropecuario. En algunas zonas, la tasa de guías de hacienda alcanza hasta $6.000 por animal enviado a faena, lo que representa una carga significativa para los productores.
CARBAP también advierte sobre la proliferación de nuevas tasas municipales sin una contraprestación clara de servicios. En al menos 33 municipios de la provincia de Buenos Aires se han sumado
nuevas tasas a las boletas de la Tasa por Conservación y Mantenimiento de la Red Vial, como seguridad rural, educación, servicios asistenciales, alumbrado, transporte e higiene. Estas tasas adicionales incrementan la carga impositiva sobre los productores rurales y las actividades económicas en general.
Ante esta situación, CARBAP sostiene la necesidad de establecer límites y criterios claros para la creación y aplicación de tasas municipales, así como de implementar mecanismos de rendición de cuentas y sanciones para aquellos funcionarios que desvíen fondos o incumplan con su obligación. La entidad enfatiza que no se puede seguir permitiendo que la ineficiencia de la gestión pública recaiga sobre los contribuyentes, especialmente sobre quienes producen y generan riqueza en el interior del país.
El informe presentado por CARBAP busca reflejar el importe que deben abonar los productores según las boletas emitidas por los municipios de la provincia de Buenos Aires. No tiene como objeto
analizar la eficiencia de uso de recursos, inversiones realizadas ni la transparencia de los gastos de cada municipio. Tampoco se realiza en él ninguna evaluación sobre la calidad del servicio prestado ni sobre la adecuación del monto cobrado.
En resumen, CARBAP alerta sobre el impacto negativo que las tasas municipales, en su forma actual, tienen sobre la producción agropecuaria en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, y llama a una revisión y actualización de la legislación vigente para garantizar una carga impositiva justa y equitativa para los productores rurales.
