Un escándalo sacude los cimientos del Concejo Deliberante de Bragado, y el presidente del cuerpo, Germán Marini, está en el ojo del huracán. Sabrina Gulino, tercera suplente de La Libertad Avanza electa el 22 de octubre de 2023, ha destapado una serie de irregularidades que, según informó a este medio, ya impugnó ante el Concejo el 4 de abril y llevará a una denuncia penal ante la Fiscalía de Mercedes. En el centro del conflicto , está la grave negligencia institucional de Marini, una maniobra política atribuida a la concejal Daniela Guillermina Monzón, y una imagen del Concejo que se desmorona ante los ojos de los vecinos. El caso comenzó cuando Monzón, primera suplente y concejal activa, solicitó una licencia de dos días, ya transcurrida. Gulino, con prioridad como tercera en la lista según el Artículo 88 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, asegura que nunca fue notificada para asumir, ni por vías formales ni a través del grupo de WhatsApp del Concejo, donde participa y se difunden los expedientes. “Ya reemplacé por doce días antes, saben cómo ubicarme. Esto no tiene justificación”, afirmó. En su lugar, Maximiliano Moragas, cuarto suplente, tomó el cargo y se destacó en la I Sesión Ordinaria del período 2025, el jueves por la noche [3 de abril de 2025]. Según la televisión oficialista; Moragas presentó una resolución para transparentar sueldos municipales, pidió informes sobre aumentos del 500% en la Secretaría de Salud y participó en la aprobación de un convenio con una universidad, todo aprobado por unanimidad. Gulino no duda en sospechar una maniobra política. “Monzón me dijo que no me avisaron porque era ‘solo por un día’, pero fueron dos. Es sospechoso que pida una licencia tan breve, algo que nadie hace, y creo que lo acordó con Moragas para que gane protagonismo en la primera sesión”, explicó. Esta jugada, sostiene, refleja la responsabilidad política de Monzón, quien habría usado su cargo para favorecer a un aliado, ignorando el orden legal y los derechos de Gulino. Pero el peso de la tormenta cae sobre Germán Marini, cuya responsabilidad institucional es abrumadora y podría costarle caro en los frentes: administrativo y penal. El Artículo 77 lo obliga a dirigir el Concejo y hacer cumplir las normas, y el Artículo 89 exige que las licencias se comuniquen en 24 horas. Marini tenía que asegurarse de que me convocaran a mí, no a Moragas. «Su omisión es indefendible”, sentencia Gulino. Administrativamente, Marini está en una cuerda floja. Como funcionario público, tiene el deber legal de garantizar el correcto funcionamiento del Concejo. Si omitió notificar a Gulino por negligencia grave —desoyendo el orden de prelación pese a tener medios como el WhatsApp para contactarla— o por una decisión deliberada, podría enfrentar una investigación interna del Concejo para evaluar su conducta. Esta podría derivar en una sanción del Tribunal de Cuentas por mal manejo de los procedimientos, un apercibimiento formal o incluso un pedido de destitución por mal desempeño, dado que su inacción permitió una designación ilegítima que afectó la transparencia del cuerpo. “No es un error menor, es un fallo que compromete la institucionalidad”, subraya Gulino. Penalmente, las consecuencias podrían ser aún más severas. Gulino planea denunciarlo por abuso de autoridad (Art. 248, Código Penal) e incumplimiento de deberes de funcionario público (Art. 249), delitos que castigan a quien excede sus atribuciones o descuida obligaciones legales con intención o culpa grave. “Si Marini actuó a sabiendas para favorecer a Moragas, o si su desidia me privó de asumir y percibir gastos de representación, tiene que responder ante la justicia”, afirmó. La denuncia buscará probar que su omisión no fue un descuido, sino un acto que dañó el funcionamiento del Concejo, exponiéndolo a penas de hasta un año de prisión o inhabilitación para cargos públicos.
