Sin verdad histórica la Política se suicida
Días pasados se anunció que un grupo de soldados que hace 50 años combatieron en Tucumán contra el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) conmemorarán el 8 y 9 de febrero el inicio del Operativo Independencia, decretado por el gobierno constitucional que presidía Isabel Martínez de Perón para detener el accionar ilegal y anticonstitucional de la organización trostkista mencionada, cuyo objetivo último era forjar la secesión y separación de la provincia de Tucumán como Estado independiente del resto del país. Un objetivo que en los últimos años pretendió impulsar para la provincia de Mendoza el hoy gobernador Alfredo Cornejo, con una orientación política totalmente contraria a la que sostenía el ERP, pero forjada en una única matriz: el cipayismo y la traición antiargentino en toda su extensión.
Ante el anuncio, el progresismo variopinto “argentino”, en sus distintas vertientes, no sólo ha salido a condenar la intención de la conmemoración, sino que además, en una verdadera muestra de cinismo, hipocresía, mala intención e ignorancia supina pretende equiparar y poner en un mismo nivel el Operativo constitucional con la actuación posterior totalmente irregular e ilegal del Proceso de Reorganización
Nacional iniciado el 24 de marzo de 1976 frente a la guerrilla.
En primer lugar, es importante y fundamental destacar que el Operativo en cuestión
fue respaldado por el Decreto Nº 261/75 del 5 de febrero de 1975 promulgado por la presidente María Estela Martínez de Perón, ordenando la actuación del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos” en la provincia norteña. Es decir, fue un acto gubernamental totalmente legal y público.
Al frente del Operativo fue designado el general de brigada Acdel Edgardo Vilas, quien
estuvo a cargo del mismo hasta el 18 de diciembre de 1975, siendo reemplazado por el
general de brigada Antonio Domingo Bussi, cuando ya estaba en marcha en sus inicios el proceso del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976, en el que el general Bussi tuvo una participación destacada.
En segundo lugar, también es importante destacar, según datos aportados por el investigador estadounidense Paul H. Lewis , entre febrero y diciembre de 1975 murieron en enfrentamientos y atentados en esta provincia 53 miembros del Ejército y de la policía provincial, a los que hay que sumar los 6 gendarmes fallecidos en un atentado perpetrado por una célula de Montoneros en el aeropuerto de la capital tucumana el 28 de agosto de 1975, mientras que las bajas en las organizaciones
guerrilleras fueron de 163 abatidos. Es decir, hubo bajas de ambos lados, como lo hay
siempre en una guerra convencional. No fue una “guerra sucia” sino un enfrentamiento militar en toda la línea, en el ámbito rural, hasta el 25 de octubre de ese año, cuando un plenario del ERP decidió poner fin a la guerrilla rural, para enfocarse en el combate urbano.
En tercer lugar, hay que tener presente que el general Vilas nunca fue denunciado ni juzgado por violaciones a los derechos humanos en Tucumán, todo lo contario a lo que ocurrió con el mencionado Bussi. En este sentido, constituye una canallada sostener que el Operativo Independencia constituyó un “programa de aniquilamiento” y una “prueba piloto del plan de exterminio y represión” desplegado a partir del 24 de marzo de 1976 por el fatídico y nefasto Proceso cívico-militar de Reorganización Nacional.
No es un dato menor que el general Acdel Vilas haya sido pasado a retiro en diciembre de 1976, lo cual demuestra que su escasa participación en el Proceso de Reorganización.
Es evidente que estamos en presencia de un intento de equiparar y poner en línea de continuidad la decisión de un gobierno constitucional de defender a la Argentina de una acción ilegal e injustificable de supuestos “revolucionarios anticapitalistas”
con la brutal represión ejercida por un gobierno de facto, que tuvo entre sus
principales víctimas a varios miembros del gobierno constitucional. En este sentido, ese doloso intento constituye una canallada que termina siendo una torpeza y una estupidez mayúsculas, ya que con la mentira, la ignorancia y el desconocimiento se
torna imposible llevar a cabo una acción política seria y auténtica, para convertirse en una actividad panfletaria al servicio de aquello que supuestamente pretende combatir
