Las universidades a través de sus rectorados vuelven a la carga para poder ejecutar un
mejor financiamiento tras el veto que decretó el presidente Javier Milei en el mes de
octubre.
Los rectores de las distintas universidades le están exigiendo al Congreso que convoque a una consulta popular vinculante, la cual está establecida en el artículo 40 de la Constitución Nacional: “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto del pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.
El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta
popular”.
Se puede ver que los distintos rectores de las diversas universidades están buscando ver como pueden reflotar la ley de financiamiento universitario que planteaba que el
financiamiento universitario se planteara sobre la base del índice de Precios del
Consumidor, y con este dato se podía calcular la suba de los gastos y los salarios del
personal docente y no docente durante el ciclo lectivo en curso.
Todo este reclamo que se lleva a cabo enmarcado en las herramientas que brinda la ley y el orden, es decir, el derecho a la protesta, las herramientas que brindan la Constitución Nacional y las leyes vigentes, que este gobierno con tintes de autocracia mesiánica no dejan de violar de manera sistemática, y todo esto se debe a que la reducción salarial de todo el sector académico se redujo en un 65% contra todo el movimiento inflacionario que ocurre desde que subió el actual presidente.
Los rectores están pidiendo que en base al artículo 40 de la Constitución Nacional lo cual le permite al Poder Legislativo poner en una ley en consulta popular vinculante, con voto obligatorio, que, esta ley no este sometida al veto presidencial, y si fuera aprobada que se promulgue de manera inmediata; esto se debe a que el Congreso (como dice el art. 40 de la Constitución Nacional hacia el final) puede reglamentar su cumplimiento mediante las disposiciones que se propongan.
Para poder ejercer este pedido de consulta popular vinculante se están juntando firmas, y se puede registrar la adhesión en la página web: www.periferia.com.ar/política-científica, y se
pueden ver que hay 400 firmas, con personalidades de diferentes sectores sociales. Todo este procedimiento se visibiliza debido a que en este último tiempo, y sobre todo
debido al discurso oficial establecido como dogma: “no hay plata”, como tantos sectores las universidades públicas están atravesando una crisis gravísima, o dicho de otra manera, una de las peores de la historia, donde los salarios docentes son de los salarios más bajos de todo Latinoamérica y el salario docente y no docente actualmente se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Todo este proceso de deterioro de lo que nos ha dado tanto orgullo y nos han dado los cinco premios nobeles que poseemos, además de que en congresos internacionales de diversas áreas dejan muy alta la vara de la investigación argentina, está enmarcado el paupérrimo presupuesto que se otorgó en 2024 y el propuesto para el 2025.
Pero todo este avasallamiento presupuestario sobre las diferentes instituciones
universitarias públicas, tuvo una masiva adhesión en las marchas universitarias que se
llevaron a cabo este año, y en el apoyo a las tomas de diversas universidades (incluso hay universidades que han experimentado por primera vez lo que es la toma), para que haya un financiamiento necesario.
El apoyo se manifestó en las diversas marchas federales, en las clases públicas en la Plaza de Mayo, en el sostenimiento de lo que es considerado un hospital público modelo como lo es el Hospital de Clínicas (que sufre un desmantelamiento atroz, anda un solo ascensor, hay 5 quirófanos que se usan, etc.), y que se mostraron como diversos apoyos populares de grandísima importancia, desde 1983, año en que se recuperó la democracia; también el apoyo se expresó en las diversas encuestas de opinión.
Todo esto se enmarca dentro de lo que se considera la ley y el orden, entre el artículo 40 de la Constitución Nacional, y también otras leyes como la ley 25.432 que rige desde el año 2001, y que muestran las disposiciones comunes a las consultas vinculantes y no vinculantes.
Todo este procedimiento se realiza para que el prestigio de la Universidad Pública se
exprese y se muestre mediante mecanismos de lo que se considera una democracia directa.
Y esto permitiría visibilizar las luchas estudiantiles que se han estado ejerciendo a lo largo de todo este período, el cual se ha convertido en un actor dinámico, con sus diversas manifestaciones para mostrar el avasallamiento que constituye provocar el
desfinanciamiento de la Universidad Pública.
Los diversos Consejos Directivos acompañan las diversas luchas que se están realizando y que se continúan pensando para el año próximo, para que el Poder Legislativo, que se encuentra en el Congreso Nacional, pueda convocar a una consulta popular que garantice el financiamiento que el veto presidencial negó.
Todo este marco de desmantelamiento del sector público y de arreglos cosméticos (como por ejemplo el cambio de AFIP a ARCA, desde donde pueden controlar todos tus movimientos en las billeteras virtuales) no hacen más que en vez de ser un liberal, sea un gobierno conservador.
Todas estas políticas han perjudicado a las personas más vulnerables y han destrozado el nivel de vida de la clase media, también han ayudado a que personas adineradas puedan evadir impuestos (como lo dicen siempre “los pobres financian la educación pública”), y que se le estaticen deudas que ellos les deben al Estado.
