Detrás del conflicto de la COSPU que hemos venido contando en distintas ocasiones se
encuentra una guerra de precios, de competencia e intervención del gobierno municipal lo que da lugar a sospechas de tráfico de influencias, corrupción y una evidente incompetencia de los funcionarios locales.
En una editorial pasada, habíamos informado que la actual administración municipal había alquilado los bienes de la COSPU a una empresa familiar de Junín. Aunque sin embargo, después de una ardua investigación hemos encontrado los conflictos arriba señalados.
Según una fuente gubernamental,durante el gobierno anterior de Vicente Gatica se celebró por alquiler los bienes de la cooperativa a la empresa FORTE HOUSE de la familia Siri, la que próximamente estará habilitada como una sucursal de venta de materiales de construcción y hormigonera; por otra parte, una guerra de denuncias
propias de las películas del Agente 86 se sucedieron entre el corralón Primero de Mayo SA y Mario Corbeta.
Según nuestra investigación, el predio donde funciona la hormigonera de Primero de Mayo, en el acceso Elizondo donde funciona desde hace años, según asegura una fuente gubernamental municipal, no estaría habilitado y contaría con la protección de un reconocido político de la ciudad.
En una zona no apta para habilitarse, en razón de la zonificación local; pero, lo paradójico es que denunciaban en el municipio al corralón de venta de material de Mario Corbeta, ubicado en el barrio Las Violetas, por encontrarse en una zona
apto solo para viviendas. Allí también funcionará próximamente otra hormigonera que, según nuestra fuente municipal, que no quiso ser identificada, sería proveedora de la municipalidad de Bragado.
Tal como lo hemos informado en ediciones anteriores, el gobierno Municipal viene confeccionando infracciones a pequeños comercios, secuestrando su mercadería y a muchos de ellos clausurándolos. En el día de hoy mediante un comunicado en sus redes sociales, desde la oficina de tránsito de la municipalidad afirmaron que
secuestraron más de 500 motos, muchas de ellas a personas de trabajo, situación que también venimos visibilizando.A estas empresas, llama la atención que en tanto tiempo no solo que no han sido infraccionadas, sino que tampoco mantienen un trato diferente con los sucesivos gobiernos, lo que demuestra una convivencia del status quo
local para ciertos tipos de actividades, quizá por su contribución a las campañas electorales o alguna otra cosa. En ese circo no queda fuera de escena el gallinero municipal; esto es el concejo deliberante., que parecen vivir en un universo paralelo donde desconocen esta realidad que deberían controlar como representantes auténticos del pueblo, pero que por supuesto es más de lo mismo. Ni hablar de algunos medios anunciantes de estas empresas de materiales de la construcción, muy presentes en sus espacios publicitarios.
En conclusión, reiteramos, en estas empresas no hay controles, no hay clausuras y no hay habilitaciones a las empresas de la construcción. Son varios puntos que surgen de dicha situación; por un lado, podemos señalar la incapacidad del Estado para garantizar habilitaciones para que las empresas no se encuentren durante años en estas condiciones, pero también podemos ver la doble vara del gobierno, y como en algunos casos puntuales hacen la vista gorda continuando con las prácticas de siempre y aplicando las ordenanzas según le conviene a quien sabe…
Para que pueda existir una competencia leal, y no desleal, el gobierno debería garantizar que las empresas puedan normalizar su situación adquiriendo sus habilitaciones correspondientes.
Sergio Barenghi debería proponer que de alguna manera, en la calle Elizondo y el barrio Las Violetas se puedan habilitar las empresas de la construcción. Se tienen que terminar los negocios de la política donde el gobierno permite o no permite ciertas cosas dependiendo si les conviene o no, como sucede también en otros rubros. Por
ej, ciertas actividades en los clubes que, en vez de generar habilitaciones, tienen todos los clubes deshabilitados y dependen exclusivamente de la buena voluntad del ejecutivo para realizar ciertas actividades.
