En estos días el sector público se esta viendo acosado y, de alguna manera,
sistemáticamente cercenado por las actitudes del Sr. Presidente dela Nación, Javier Milei, quien está atacando la salud pública, buscando el cierre de Hospitales, intentando intervenir en la UBA, etc.
La salud pública empezó a ser atacada cuando se cortó el suministro de medicamentos a los pacientes oncológicos, y, en el presupuesto 2025 se cortó casi un 80% el suministro de medicamentos a los pacientes que tienen HIV.
En la UBA, a partir del veto del presupuesto que no acompañaron los “degenerados
fiscales”, se han tomado las diferentes universidades y, también, ha habido tomas de otras facultades a lo largo del país.
En el caso de la UBA la pelea está por una (supuesta) auditoría que (teóricamente no se hace, lo cual es falso, ya que en TN se produce un debate donde el vicerrector Emiliano Yacobitti, donde plantea una fuerte reducción sobre el presupuesto y le remarcó al subsecretario de políticas educativas del actual gobierno que se presentan dos informes por vez en los cuales se rinden los gastos.
En estos días, también el decanato y la rectoría pidió una gran intervención judicial por el tema de las auditorías, debido a que el gobierno nacional las quiere realizar a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), pero el rectorado lo considera una intervención ilegal, por lo que estará realizando una presentación judicial para impedir (lo que considera) un avasallamiento.
Esto lo muestra el decanato en que la SIGEN no puede auditar a la UBA, ya que estaría
infringiendo la autonomía universitaria, la cual está garantizada en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, y lo que se plantea es que las universidades deben ser autónomas y no estar subordinadas al Poder Ejecutivo.
Este artículo es acompñado por la Ley de Educación Superior, y asigna a la Auditoría
general de la Nación (AGN) la tarea de supervisar la administración de las universidades estatales, y este organismo pertenece al Poder Judicial de la nación, por lo que el Poder Judicial está avalado para hacer las auditorías correspondientes, y no lo está el Poder Ejecutivo Nacional.
En esta gestión, con las falencias administrativas que ha demostrado tener hasta ahora, realizando estas auditorías podría tergiversar la información, y, en lo personal no es algo que me tranquilice, sino que (todo lo contrario) me inquieta bastante.
En lo personal espero que el gobierno no use la cantidad de argumentos falaces
(argumentos que usa siempre en la red social X, y festejados por los trolls que viven del Estado) para impedir que la AGN realice su función.
Es por esta razón que, de acuerdo al portal minuto uno, en la sección sociedad, se muestra que la UBA lanzó un comunicado en rechazo a la intervención del Gobierno, y por esta intervención que se quiere realizar es para poder controlar el contenido que se enseña y, por ende, el contenido que los estudiantes aprenden.
En este fuego cruzado entre el Gobierno y las Universidades Públicas por la Ley de
Financiamiento Educativo que primeramente fue aprobada por el Congreso y luego vetada, por lo que se muestra el intento de destrucción que se está llevando adelante contra la educación gratuita y de calidad.
Este artículo prueba que no molesta el tema de las auditorías pero si molesta (bastante) el tema que el Poder Ejecutivo este interviniendo en la Universidad y en los contenidos que se dictan.
También en este artículo se detalla de manera exhaustiva como se respeta la legislación vigente, presentando los informes necesarios a la AGN (estos informes una vez auditados los firma el secretario de políticas educativas, área que en este momento depende del Ministerio de Capital Humano y cuando se firman estos informes el original los tiene el Ministerio y una copia los tiene el decanato de la UBA), por lo que, se está instalando un argumento falaz sobre las auditorías.
Esta intervención que quiere ejecutar el gobierno nacional a través de la SIGEN se detalla en el artículo 98 de la Ley 24156 “Ley de Administración Financiera” se observa que la SIGEN puede controlar a las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que son dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.
Es en este contexto que, a partir de todos los ataques que viene soportando la Universidad Pública en general, y, en particular la UBA, se muestra un ataque con virulencia a la educación ejercida en una universidad gratuita, libre, de calidad y masiva, y, también, de manera solapada, se busca mirar que contenidos se enseñan.
El comunicado detalla de manera enfática: “la autonomía protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; y la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno”, y agrega “que sin autonomía no hay educación libre” ya que “se enseña lo que gobierno de turno quiere, cuando el gobierno quiere, donde el gobierno quiere, y a quienes el gobierno quiere”.
Además la UBA ha resuelto que va a solicitar una auditoría externa independiente, para a partir de esta auditoría externa independiente poder iniciar los trámites para que se dicte que organismo debe llevar las auditorías y (también) debe ejercer el control sobre las universidades públicas; es decir, que se llevaría este caso al Poder Judicial de la Nación que es el único organismo que está consagrado para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley.
A esta altura de los acontecimientos, se demuestran varias cosas, en primer lugar que ser el topo que destruye al Estado, lo hace de manera violenta, insultante y agresiva, sobre la salud que ha sido muestra de eficiencia en el mundo; en la educación pública, que nos dio 5 premios nobeles por sus investigaciones y por su dedicación en mostrar lo importante que es la ciencia argentina ante el mundo.
También la construcción de que todo lo público se financia con los impuestos que pagan los pobres, pero no dicen de los impuestos que pagan los ricos, con lo cual, se da por sentado que los ricos evaden impuestos.
También no puedo dejar de hacer mención al INCAA, que se cerró con una mentira
flagrante, debido a que el INCAA es autártico y se mantiene con un 10% del precio de las entradas al cine.
Me gustaría que los estándares que han hecho grande a la Argentina se mantengan, haya que corregir lo que hay que corregir pero no desmantelarlo por capricho de un soberano que leyó mal las actuales del mundo y los textos libertarios, y que sea adulado por un comité de trolls vip que pagamos con nuestros impuestos que están ubicados en la Casa Rosada gastando millones de pesos por mes en facturas y café (esto lo informó Eduardo Feinmann)
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