La trabajadora social Melina Rodríguez, lo propuso en sus redes sociales
Hace unos días atrás el gobernador de Córdoba, Martin Llaryora, se realizó el examen
del NarcoTest, en cumplimiento con la nueva ley provincial, establecida para aquellos
que cumplen funciones en el Estado.
La Trabajadora Social Melina Rodriguez compartió en sus redes sociales, un escrito
comentando la importancia que tendría comenzar a promover esto en nuestra
provincia, más precisamente en Bragado.
“A partir de la preocupación que surge y del chicaneo de quien si se ocupa de la
problemática sobre consumo de drogas, y quien no, sería mejor y más serio, que los
SRES Y SRAS CONCEJALES lean este proyecto aprobado en 2023 en la ciudad de
Córdoba, para dar ejemplos hay que empezar por casa”. Comentó Melina Rodriguez
Ante la consulta; Rodriguez comentó que ella había estado promoviendo dicha
posibilidad, y luego observo que era posible, viendo lo que sucedió en Cordoba, lo cual
la llevó a querer reflotar la temática. Resulta muy importante empezar a promover
dicha situación, además para enviar un mensaje claro a la ciudadanía, de prevención al uso de drogas, etc.
El posteo en Facebook:
CÓRDOBA.- El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó la ordenanza que
establece que todo funcionario municipal electo deberá realizarse cada seis meses un
narcotest. Los resultados no serán públicos. La ordenanza fue impulsada por un
concejal del oficialismo, Diego Casado, y contó con el apoyo del intendente y candidato
a gobernador Martín Llaryora. También fue avalada por la mayoría de la oposición.
A nivel nacional, si bien en el Congreso hubo propuestas en el mismo sentido, nunca se avanzó más allá de las polémicas del momento: desde el pedido de Ramón Saadi para que todos los funcionarios de Carlos Menem se realizaran una rinoscopía, luego de que el expresidente le soltara la mano al clan familiar por la muerte de María Soledad Morales, hasta la denuncia de “nariguetazos” en el Congreso lanzada por el
exsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, también durante el menemismo, Alberto
Lestelle.
El narcotest será realizado a los funcionarios municipales electos y secretarios,
directores, subdirectores y asesores deberán presentar un certificado negativo de
consumo de sustancias psicotrópicas. En la provincia de Córdoba no existe una
instancia similar.
La obligación se generó a partir de una modificación del Código de Ética Municipal; la
iniciativa entró en el 2020 y resurgió este año. Además, se modificó el artículo 50 Bis
del Código de etica que señala: todas las personas, que desempeñen funciones por
elección popular, intendente, viceintendente, concejales y tribunos, los secretarios y
subsecretarios, directores y subdirectores, asesores o las personas que por disposición
legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos
mencionados están obligados a presentar ante la autoridad competente un certificado
negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes
complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”.
Casado señaló: “Quienes tenemos responsabilidades de gestión debemos hacernos el
test de narcóticos, porque si tenés que dirigir la Policía o un gobierno, no puede ser
que esa persona esté vinculada al narcotráfico, que es el peor de los crímenes. Si ese
funcionario tiene vínculos con el narcotráfico, va a tomar decisiones distintas a las que
podría tomar quienes no consumimos”, sostuvo Llaryora.
La ordenanza salió con el aval de la bancada oficialista, de la de Córdoba Cambia,
Vamos Córdoba, Encuentro Vecinal, Evolución Radical y la UCR (con la abstención de la mestrista Daniel Sacchi). También se abstuvo Gabriela Paulí (Fuerza de la Gente) y lo rechazó Laura Cubas, de la izquierda.
La iniciativa fue analizada en varias oportunidades en comisión, con la participación de diferentes profesionales. A la versión original se le agregó un segundo artículo que
plantea que si el funcionario no cumpliera con lo solicitado, se avanzará con los
mecanismos para un abordaje integral en situación de “consumo problemático de
drogas psicotrópicas ilegales”.
después de aprobado el proyecto, planteó: “El narcotráfico es enemigo de la buena
vida, es cómplice de las peores prácticas, es inseguridad e intranquilidad. El narco es
temor para las familias y una perversa falsa tentación para quienes dudan y caen en las trampas de las mafias”.
El concejal CASADO “No es admisible ni resiste discusión alguna que quien tiene
responsabilidad estatal tenga vínculos con el consumo problemático de drogas. ¿Cómo
podría un político enfrentar al narcotráfico en caso de ser consumidor de estas
sustancias?”, añadió.
