La primera derrota libertaria en la batalla por los alimentos
El juez le dio al Gobierno 72 horas para armar un plan y distribuir los 5 millones de kilos de mercadería. El vocero Adorni anunció que apelarán la decisión judicial.
En la investigación que compromete al ministerio de Capital Humano en la interrupción de la entrega de alimentos a comedores de organizaciones sociales, el juez Sebastián Casanello le dio como máximo 72 horas para armar un plan y distribuir los 5 millones de kilos de mercadería que mantiene guardados en dos galpones y que hasta ahora se negó a otorgar con la excusa
de una auditoría. La resolución judicial le exige a Capital Humano que aporte «el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería». Exige «los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha» y todos los expedientes administrativos que se refieran a la «adquisición de los alimentos almacenados».
Casanello indica también, que deben distribuir la mercadería que está guardada con una planificación ya que las «competencias» del ministerio de Pettovello incluyen la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores».
Manuel Adorni había admitido la semana pasada que la mercadería existía y estaba guardada deliberadamente. «Están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos», y agregó que eran compras del gobierno de Alberto Fernández. Este lunes se alineó con el argumento de De la Torre y mencionó que es alimento está reservado para «emergencias o catástrofes». Anunció que la resolución de Casanello será apelada. «Esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública», sostuvo. Capital Humano emitió un comunicado donde confirma ese anuncio y
asevera que de las 5 mil toneladas guardadas «3 mil corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y que se encuentra bajo auditoría«.
La existencia de 5 millones de kilos de alimento guardado en un galpón en Villa Martelli (2.751.653 kilos) y otro en Tafí Viejo, en Tucumán (2.269.078 kilos) fueron revelados días pasados; originalmente el comunicado de Capital Humano afirmaba que los alimentos retenidos eran utilizados por «las organizaciones» «para los comedores fantasma» y anuncia que «no se va a entregar alimento a comedores inexistentes para que quede en manos de las organizaciones
extorsivas».
El dictamen de la fiscalía de Ochoa es revelador en relación al comportamiento de Capital Humano frente a los requerimientos judiciales. Algunos ejemplos:
«No contestó lo preguntado con relación a la entrega o no de alimentos durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024». El reclamo de la querella dice que no entregaron nada.
«Las múltiples irregularidades que habrían sido advertidas (por la gestión actual) en el proceso de distribución de alimentos hasta diciembre de 2023, más allá de las afirmaciones realizadas, no fueron acompañadas evidencias documentales, testimoniales, o analíticas, que las sustenten». Se refiere a las acusaciones públicas de licitaciones supuestamente irregulares y
comedores inexistentes.
La respuesta al pedido de acceso a la información difundido la semana pasada, dice la fiscalía, detalla el stock hasta abril de 2024, habla de alimentos como aceite, fideos, garbanzos, harina de trigo, leche en polvo, puré de tomate, yerba mate, arroz con carne, hortalizas, guiso de lentejas, entre otros, pero no precisa la fecha en que fueron adquiridos ni cuando vencen. La afirmación de que los compró el gobierno anterior y que no están por vencer fue del vocero
Adorni. Ochoa advierte que en el contexto de la actual «emergencia alimentaria» el ministerio de Pettovello denegó de manera «deliberada, sistemática y sostenida en el tiempo» los requerimientos de alimento que hizo la asociación que es querellante en la causa, así como otros «actores de la sociedad civil». Advierte que, además, habían recibido alimentos durante 2023 «derivándose de ello un legítimo derecho que posiblemente haya sido interrumpido«. El Amanecer, según información del propio ministerio había recibido 367.600 kilos. Aunque las nuevas autoridades dijeron que «No hay normativa que determine los procesos de distribución de alimentos y requisitos de inscripción«, dice Ochoa, eso no los exime «De
fundamentar cuáles son las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que direccionan sus actos de gobierno». De hecho, advirtió que «la ley de presupuesto aplicable al año en curso, ha definido partidas para el abordaje de la problemática». Por lo tanto, no descarta responsabilidad penal, política o administrativa en negar el acceso a la alimentación.
La resolución de Casanello que ordena distribuir los alimentos se basó en el dictamen de Ochoa, aunque no hizo lugar a que se reparta entre los comedores que están en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. El juez invoca «el derecho humano fundamental a la alimentación» que «está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud», todos «expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que tienen rango constitucional». Afirma que dar seguridad alimentaria es una obligación del Estado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ilustra, es el que trata de modo más extenso el derecho a la alimentación.
«Los hechos de la causa deben ser enmarcados en los datos del presente», dice y cita «los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria —el 14% de forma severa—». Ante el pedido de la fiscalía
y la querella de entregar la mercadería basado en que puede haber «un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior» «vinculado con la impostergable necesidad alimentaria de sectores vulnerables de la población”, Casanello evaluó que no se podía esperar e intimó al ministerio de Pettovello.
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